El Ministerio de Hacienda de Chile anunció por primera vez planes para legalizar los juegos de azar online en Chile en febrero de 2021, con el objetivo de presentar un proyecto de ley para hacerlo en el primer trimestre del mismo año. Al final, dicho proyecto de ley finalmente no se publicó en 2021.
En marzo 2022 el gobierno ya difundió el primer proyecto de ley de juegos online del país, que introduciría y regularía los juegos de azar en Chile.
El documento establece que todas las entidades de apuestas en Chile deben tener una licencia general, que tiene una duración de un total de 5 años. Sin embargo, propone que los operadores que deseen ofrecer juegos online deben tener una licencia especial de apuestas en línea que no es renovable.
La legislación destaca que el gobierno desea tener un criterio objetivo de licenciamiento en contraposición a un monopolio o proceso de licitación, debido a la “flexibilidad requerida por el desarrollo de una industria naciente” que “por su naturaleza estará en constante proceso de cambio”.
El impuesto será del 20%. De la recaudación de impuestos, $50 millones se destinarán a iniciativas sociales.
Los operadores pueden ofrecer versiones en línea de cualquier tipo de juego permitido por la normativa de juego vigente, con excepción de las loterías.
El proyecto de ley también establece al regulador de casinos de Chile, la Superintendencia de Casinos de Juego, como el regulador del mercado de juegos online, y agrega que se le cambiará el nombre para incluir apuestas y juegos de azar. Los operadores deben someterse a todos los términos establecidos por la Superintendencia para recibir una licencia de juego en línea.
En materia de responsabilidad social, el proyecto de ley establece que ningún menor de edad o personas autoexcluidas pueden realizar apuestas.
No se permitirá realizar apuestas en línea en eventos que estén dirigidos a menores de edad, ni utilizar personajes o gráficos en los anuncios de apuestas que puedan atraer a los menores a apostar. También se prohibirán las apuestas a crédito.
Los operadores también deben donar un mínimo del 1% de sus contribuciones brutas anuales para apoyar iniciativas que promuevan el juego responsable.
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